La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha dispuesto una subvención de 142.830 euros para sufragar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria que han prestado los abogados en los centros penitenciarios de Andalucía durante 2019.
Gracias a esta prestación, la población reclusa en la comunidad andaluza cuenta con un servicio de asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.
De este servicio se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.
De esta forma, la Consejería, que dirige Juan Marín, recibe las certificaciones de los letrados que han realizado este servicio, de tal forma que tiene previsto cerrar este mes con un primer pago de 71.415 euros, que se completará con el resto de la subvención una vez confirmadas todas las asistencias realizadas en este año.
Las cuantías totales que recibirán cada colegio de abogados de Andalucía –son ellos los que posteriormente realizan el pago a cada colegiado en función de sus asistencias- por este año 2019 son: en el caso de Almería, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén 10.695 euros para cada colegio; Cádiz recibirá 35.880 euros; Sevilla 32.085 euros; mientras que en la provincia de Málaga será un total de 21.390 euros (10.695 para el colegio de Málaga capital y la misma cuantía para el de Antequera).
Esta prestación forma parte de un convenio firmado por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces.
Además del servicio de orientación jurídica penitenciaria, la Consejería de Justicia financia la asistencia jurídica gratuita dirigida a la población en general con menos recursos económicos, a lo que ha destinado este mismo mes 10 millones de euros para liquidar los pagos correspondientes al tercer trimestre de este año, en cumplimiento del calendario acordado con los consejos de colegios de abogados y procuradores.
En este caso, la Junta abona los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.
El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha destacado al respecto “el compromiso del Gobierno andaluz con la justicia gratuita, ya que permite garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica”. En este sentido, ha recordado que el presupuesto para justicia gratuita en 2020 “se ha incrementado un 16% hasta alcanzar los 50 millones de euros”.